CONTRADICCIÓN

Presupongamos por un momento que existe buena voluntad en los encargados (políticos, técnicos, empresas constructoras) de mejorar las calles del barrio de La Isleta.

Se dispone de un dinero (que casi siempre sale de los fondos estructurales de la Unión Europea) para mejorar el estado de las calles en el barrio de La Isleta. El político de turno (que se vende como buen gestor de los fondos públicos) encarga un proyecto al equipo técnico del Ayuntamiento. El equipo técnico (conocedor de los problemas que afectan al barrio) presenta al político una propuesta que consiste en el ensanche de aceras para cumplir con la normativa, el cambio del sentido de la marcha en algunas calles, la peatonalización de otras, la implantación de arbolado, etc... El político plantea que si bien la propuesta se puede ejecutar con el dinero existente, el hecho de reducir el número de aparcamientos o cambiar el sentido de la marcha del tráfico puede provocar rechazo por parte de los vecinos. Para optimizar la gestión del dinero, la obra debe evitar en lo posible que sufra contratiempos. Los técnicos aventuran la posibilidad de realizar jornadas informativas en las que se explique el beneficio que implican dichos cambios para el barrio. También se puede implicar a los vecinos en el diseño de las soluciones. El político indica que si la obra no se comienza antes de un mes el dinero se perderá. Los técnicos presentan una nueva propuesta que combina, ahora sí, todos los factores: la empresa constructora debe ejecutar las aceras tal y como están ahora, eso si, con los rebajes necesarios para acceder a portales y garajes. Donde hay aceras de 30 centímetros de ancho, volver a poner aceras de 30 centímetros; en las esquinas poner pasos de peatones siguiendo las normas establecidas (qué importancia tiene que el ancho de las calles sea de 3 metros); colocar el modelo municipal de papeleras donde se encontraban las del modelo antiguo. Debemos recordar a políticos y técnicos de las Administraciones Públicas que gestionar no significa gastar todo el presupuesto en el tiempo establecido y tener al corriente las facturas. En el caso de La Isleta se ha malgastado ese dinero y probablemente se seguirá malgastando en las próximas actuaciones, porque todavía nadie quiere asumir que cualquier cambio que se proponga en el barrio debe ser cuando menos consultado con sus habitantes.